Por: David Felipe Osorio Méndez.
Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, y Magíster en Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra.
(Fuente: Armada Nacional)
Antes de desarrollar puntualmente a la cuestión planteada, es fundamental desarrollar el concepto de gobernanza. Según Tomassini (1996), citado por Pérez, 2019, este hace referencia a las formas y procesos de interacción y cooperación horizontal entre el Estado, las comunidades objeto de política pública y los demás actores involucrados (como el sector privado, ONGs, sindicatos, gremios, etc.), en el proceso de elaboración de dichas políticas. Este concepto de gobernanza se diferencia principalmente con el ejercicio tradicional de gobierno en que, mientras la gobernanza busca generar una relación estrecha entre el Estado y la sociedad a través de políticas públicas concertadas, dejando a un lado el enfoque netamente tecnocrático; el ejercicio tradicional del gobierno está enmarcado en la teoría tradicional de Estado y el control netamente formal de sus componentes (territorio, población y soberanía), provocando que con el paso del tiempo este enfoque sea insuficiente para afrontar los retos contemporáneos planteados por un nuevo contexto enmarcado en la globalización e interdependencia.
Así pues, el concepto de gobernanza marítima hace referencia a las formas y procesos de interacción y cooperación horizontal entre el Estado, las comunidades objeto de política pública y los demás actores involucrados (como el sector privado, ONGs, sindicatos, gremios, etc.) en torno a las áreas marino costeras; gobernanza que a pesar del repertorio de acción ejercido por las alcaldías y gobernaciones de las zonas marino-costeras, a través de lobby y acuerdos interinstitucionales para que la PNOEC -política pública de los océanos y los espacios costeros- incorporara el denominado capítulo sobre el fortalecimiento de la gobernanza marino-costera que organiza dichas áreas, garantizando el orden de las actividades sociales y económicas que se desarrollan allí; su implementación es aún bastante débil, pues las zonas costeras lejos de ser polos de desarrollo y progreso socioeconómico, son territorios con amplias disparidades económicas, donde abunda la informalidad (ej. Pesca, comercio y turismo informal), la pobreza y la delincuencia (contrabando y narcotráfico).
En este orden de ideas, es importante que desde las autoridades involucradas en los territorios marino costeros como la Armada Nacional, la Dimar, Autoridades civiles locales, y empresas del sector marítimo promuevan las bondades de la gobernanza marítima para el progreso nacional, cuyas implicaciones serían:
Un territorio marino-costero más organizado, formalizado, y donde todos los actores involucrados trabajen en sinergia para el progreso económico y desarrollo social pronunciado para las comunidades marino costeras, que tantas dificultades experimentan.
Un territorio realmente geoestratégico para la nación, no solamente por su ubicación geográfica determinante, sino por ser un territorio que aporte ingentes recursos a las arcas de la nación, dado el desarrollo de actividades con valor agregado (industria naval y portuaria competitivas, tanto en el caribe como en el pacifico). Esto por supuesto con el apoyo del gremio empresarial marítimo, las comunidades, las autoridades civiles, ambientales y por supuesto las militares -ARC, DIMAR-
Otra implicación que tendría la juiciosa aplicación de la gobernanza marítima, sería el incremento de la cultura y conciencia generalizada en toda la nación, de la importancia que tienen los territorios marítimos no solo para el turismo, sino para el desarrollo sostenible, no solo de los habitantes de las costas, sino también para el centro del país.
Y finalmente, la implicación tal vez más importante, y cuyas connotaciones son de carácter estratégico. Es el avance del Estado colombiano hacia su objetivo planteado para 2030: Ser una potencia bioceánica sostenible. Que aproveche a cabalidad el sistema oceánico al que se refería el Almirante Martínez Busch en la teoría oceanopolítica.
En conclusión, todo lo anterior se puede lograr, solo si, a través de las sinergias intersectoriales que confluyen en los territorios marino costeros, se construyen consensos, y las políticas públicas formuladas para estas zonas se materializan en beneficio de los gremios marítimos, las comunidades, el medio ambiente y no en beneficio de protagonismos políticos que tanto perjuicio le han causado a estos territorios del país.
Bibliografía.
· Comisión Colombiana del Océano. (2017). Política Nacional de los Océanos y los Espacios Costeros. Bogotá D.C.
· CCO. (3 de abril de 2020). Es aprobado el CONPES - Colombia Potencia Bioceánica Sostenible 2030. Obtenido de Prensa CCO: cco.gov.co/cco/prensa/noticias/117-asuntos-politicos/790-es-aprobado-el-conpes-colombia-potencia-bioceanica-sostenible-2030.html
· Tomassini, L. (1996). Gobernabilidad y políticas públicas en América Latina. Citado por Perez, Y. en 2019.
· Martínez Busch, J. (1996). EL MAR COMO SISTEMA: Los Vectores para la Oceanopolítica. Clase Magistral dictada por el señor Comandante enJefe de la Armada, (págs. 1-23). Santiago de Chile.